La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su firme rechazo a las últimas modificaciones a la Ley de Amparo, considerando que suponen un grave atentado contra uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano. Según un reporte de Quadratín México, López Rabadán sostuvo que votó en contra de estas reformas debido a que éstas representan un retroceso significativo en el sistema jurídico nacional.
La legisladora destacó que las modificaciones a la Ley de Amparo entorpecen el proceso de presentación de amparos, dejando a los ciudadanos sin una herramienta efectiva para defender sus derechos. Además, restringen la facultad de los jueces para suspender actos de autoridad, lo que puede llevar a la indeferencia y a la violación de los derechos humanos.
López Rabadán también señaló que las reformas contravienen el artículo 14 de la Constitución mexicana, que establece que no se podrá aplicar retroactivamente una ley o reglamento que ocasione perjuicio a alguien. Esta disposición garantiza que los ciudadanos no sean afectados por normas que ya han sido derogadas o modificadas.
La presidenta de la Cámara de Diputados consideró que estas modificaciones a la Ley de Amparo son un paso atrás en la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de derecho. Según López Rabadán, es fundamental garantizar el acceso a la justicia y a las instancias para defender los derechos fundamentales, lo que se vería comprometido con estas reformas.
Es importante destacar que la Ley de Amparo tiene un papel crucial en la protección de los derechos humanos en México. Fue creada en 1978 como un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la justicia y proteger a las personas contra abusos de autoridad. Con esta ley, los ciudadanos pueden solicitar una medida cautelar que suspenda un acto de autoridad considerado ilegal o inconstitucional.
La reacción de López Rabadán es especialmente significativa porque la Ley de Amparo ha sido utilizada con frecuencia por defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales para proteger a las víctimas de violencia política, corrupción y otros delitos. Estas modificaciones pueden tener un impacto significativo en el acceso a la justicia y en la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos.
En este sentido, la postura de López Rabadán es un recordatorio importante de la importancia de proteger la Ley de Amparo y garantizar que las reformas no atenten contra los derechos humanos fundamentales. Es fundamental que el poder legislativo y ejecutivo trabajen juntos para encontrar soluciones que garanticen el acceso a la justicia y protejan los derechos humanos, sin retroceder en la lucha por la justicia y la igualdad.