En un golpe contra la política ambiental del presidente Donald Trump, una coalición de más de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia ha demandado en dos tribunales al Gobierno federal por la abrupta cancelación de un programa pionero que ayudaba a familias con bajos ingresos a instalar paneles solares en sus hogares. El Programa Solar para Todos, diseñado para promover la energía renovable y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fue cancelado sin previo aviso por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en octubre de 2017.
Las dos querellas legales presentadas ante el Tribunal Federal de Reclamaciones de Estados Unidos y el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia argumentan que la EPA violó sus obligaciones contractuales con los estados al cancelar unilateralmente el programa. Según las demandas, esta acción es ilegal y perjudica a las familias que contaban con recibir financiamiento para instalar paneles solares en sus hogares.
El Programa Solar para Todos fue lanzado en 2016 como parte del ajuste climático de Barack Obama y se enfocaba en ayudar a las familias más vulnerables a acceder a la energía solar. El programa había logrado importantes avances en su primer año, con más de 40,000 hogares beneficiados y más de 100 megavatios de capacidad instalada. Sin embargo, en octubre de 2017, la EPA anunció abruptamente que cancelaría el programa, sin proporcionar un fundamento razonable para esta decisión.
La coalición de estados demandantes argumenta que la cancelación del programa es un retroceso en la lucha contra el cambio climático y un golpe a las comunidades más afectadas por la energía no renovable. «El Programa Solar para Todos era un ejemplo de cómo la energía solar podía ser una fuerza positiva para las familias de bajos ingresos», afirma la gobernadora de California, Gavin Newsom, que es parte de la coalición demandante. «La cancelación del programa es un retroceso peligroso y nos lleva a preguntarnos qué otros programas ambientales estarán en el radar de los cortes radicales del presidente Trump».
Además, las demandas argumentan que la cancelación del programa viola los acuerdos contractuales entre la EPA y los estados participantes. «La EPA se comprometió a mantener este programa y no podemos permitir que un administrador sea tan desconsiderado como para cancelar unilateralmente un programa diseñado para ayudar a las familias más vulnerables», dice la procuradora general de Massachusetts, Maura Healey.
La coalición demandante espera que los tribunales revocen la cancelación del Programa Solar para Todos y restauren el financiamiento para que las familias puedan seguir instalando paneles solares en sus hogares. Esta batalla legal puede tener importantes implicaciones no solo para el futuro del programa sino también para la política ambiental de Estados Unidos.